Pena capital

Samuel Cepeda Tovar.

La ejecución de Edgar Tamayo ha causado una oleada de comentarios tanto a favor como en contra de la llamada pena capital. Y es que fueron muchos los intentos del gobierno mexicano para que se le perdonara la vida al mexicano caído en desgracia. Si bien la pena de muerte es un tema álgido y muy debatible, lo que no puede ser debatible son los sistemas judiciales y punitivos de cada país democrá- ticamente confeccionados, en este caso, de cada Estado en la unión americana, pues son los Estados quienes en el marco de su autonomía y soberanía deciden qué tipo de castigos o correctivos implementar para mantener el orden y eso ningún país o grupo social exógeno puede tener el derecho de exigir su depuración, en todo caso los cuestionamientos son bienvenidos en toda democracia, pero no más.

El reclamo del gobierno mexicano, sin embargo, no está relacionado con la cuestión ética de la pena de muerte, sino con la aparente violación o indiferencia de las autoridades texanas con respecto al fallo que en 2004 decretó la Corte Internacional de Justicia sobre la obligación de Estados Unidos de revisar y reconsiderar 51 casos de sentenciados a pena de muerte por deficiencias como no haberles informado sobre su derecho a asistencia consular en el momento de su detención y a la hora de ser juzgados. Y aquí, nuevamente, sale a colación la autonomía, pues el sistema federal de los Estados Unidos es tan recalcitrante que a pesar de que el gobierno federal firme tratados internacionales como el de la convención de Viena sobre los derechos consulares de los detenidos, los Estados pueden hacer caso omiso de dichos acuerdos respaldándose en su poderosa autonomía.

Por otra parte, y desde el punto de vista ético, según una encuesta del grupo Gallup en el año 2000, el apoyo a nivel mundial con respecto a la pena de muerte era del 52%. Particularmente en América del Norte el apoyo era del 66%, ello nos da una idea sobre la magnitud del apoyo democrático, y en ese tenor según datos de Amnistía Interna- cional, en el 2003 fueron ejecutadas 65 personas en Estados Unidos.

En lo personal me parece que las personas debemos adaptarnos a los sistemas judiciales, si en México se puede asesinar y que la felonía quede en la impunidad, no significa que también se puede hacer lo mismo en otras latitudes, por ello me parece vergonzosa la actitud del gobierno mexicano en protestar.

Para los moralistas que defienden la vida, sinceramente quisiera saber qué argumentos suyos podrían consolar a la familia de Guy Gaddis, quien fue muerto de tres tiros en la cabeza por Edgar Tamayo. De lo que si estoy seguro, es que un castigo severo envía una clara señal para todos aquellos que les gusta delinquir y si ese castigo está contenido en un compendio jurídico dentro de un sistema democrático y respaldado por un porcentaje considerable de la población, no queda mucho por rebatir y todo argumento será, invariablemente, soslayado por la autoridad competente.

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